El delito de feminicidio en Colombia está afectando la vida de muchas mujeres y causando un impacto profundo en la sociedad. Este término se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, en un contexto de violencia de género que perpetúa desigualdades históricas y culturales.
En 2015, con la promulgación de la Ley 1761, conocida como la “Ley Rosa Elvira Cely”, Colombia dio un paso significativo al tipificar el feminicidio como un delito autónomo, estableciendo medidas más severas y específicas para combatir esta forma extrema de violencia.
Ley 1761 de 2015: un marco legal para el feminicidio
La Ley 1761 de 2015 fue un hito en la legislación colombiana, pues reconoció la necesidad de abordar el feminicidio como un problema específico y no solo como una variante del homicidio. Esta ley se enfoca en garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género, así como en prevenir y erradicar dichas violencias.
El Artículo 1 de la ley establece que su principal objetivo es tipificar el feminicidio como un delito autónomo, lo que significa que se reconoce la particularidad de este crimen y la necesidad de abordarlo con un enfoque especializado. La ley se fundamenta en los principios de igualdad y no discriminación, promoviendo una vida libre de violencias para las mujeres, lo cual es fundamental para su desarrollo integral y bienestar.
Definición y circunstancias del feminicidio en colombia
El Artículo 104A de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1761, define el feminicidio como el acto de causar la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Esta definición es importante porque subraya que el feminicidio no es un simple asesinato; es un crimen que ocurre en un contexto de opresión y desigualdad. La ley especifica varias circunstancias que pueden agravar el delito de feminicidio, tales como:
- Relaciones personales: si el perpetrador tiene o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o de trabajo con la víctima, y fue responsable de un ciclo de violencia previo al crimen.
- Instrumentalización de género: cuando el agresor ejerce poder y control sobre la vida y el cuerpo de la mujer, imponiendo su voluntad sobre sus decisiones vitales y sexuales.
- Relaciones de poder: el crimen es cometido aprovechando una jerarquía personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
Estas circunstancias, entre otras mencionadas en la ley, reflejan la complejidad del feminicidio y la necesidad de un enfoque integral para su prevención y sanción.
Agravantes del delito de feminicidio
La Ley 599 establece las circunstancias que agravan el feminicidio, elevando las penas a entre 500 y 600 meses de prisión. Estas agravantes incluyen, por ejemplo, cuando el autor es un servidor público que se aprovecha de su posición, o cuando la víctima es una menor de 18 años, mayor de 60, o está embarazada. La ley también contempla agravantes cuando el crimen se comete con la participación de otras personas, o si la víctima estaba en situación de discapacidad, desplazamiento forzado, o pertenecía a un grupo étnico minoritario.
Estas disposiciones no solo endurecen las penas, sino que también refuerzan la importancia de proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, reconociendo que estos factores pueden aumentar el riesgo de feminicidio.
Obligaciones del estado y perspectiva de género
La Ley 1761 también impone obligaciones específicas al Estado para garantizar la investigación y sanción efectiva de los feminicidios. El Artículo 8 señala que las investigaciones deben iniciarse de oficio, es decir, no dependen de una denuncia previa, y deben ser exhaustivas y realizadas por personal especializado. Esta medida es esencial para evitar la impunidad y asegurar que los crímenes sean debidamente procesados.
Ante un feminicidio opta por la defensa legal correcta
El feminicidio en Colombia es una problemática grave que requiere una atención integral y urgente. La Ley Rosa Elvira Cely representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género.
Si está enfrentando un caso de esta naturaleza, el Abogado Penalista Andrés Jaramillo puede trabajar con usted para garantizar que se haga justicia, brindando el apoyo legal necesario para proteger sus derechos y los de sus seres queridos.
¡Contáctese y programe su cita ahora!