El derecho a la protesta es fundamental en cualquier democracia; sin embargo, en ciertos casos, protestar es delito. En Colombia, este derecho está protegido por la Constitución, pero su ejercicio indebido puede acarrear consecuencias legales. Es esencial comprender cuándo una manifestación legítima puede transformarse en una actividad delictiva, especialmente cuando se incurre en conductas tipificadas como delitos contra la vida y la integridad personal o delitos contra la administración pública. ¡Conozca más!
¿Protestar es delito?: límites legales del derecho a la protesta
El derecho a la protesta permite a los ciudadanos expresar sus inconformidades y buscar cambios sociales. No obstante, este derecho no es absoluto y está sujeto a restricciones legales. En Colombia, la línea entre una protesta legítima y una actividad delictiva se cruza cuando se cometen actos que afectan el orden público o vulneran derechos de terceros.
Actos que convierten una protesta en delito
Una protesta se convierte en delito cuando los participantes incurren en acciones que trascienden la manifestación pacífica y afectan negativamente a la sociedad. Algunos ejemplos de estas conductas son:
- Obstrucción de vías públicas: bloquear carreteras o infraestructuras de transporte sin autorización puede constituir un delito. El artículo 44 de la Ley 1453 de 2011 establece penas de prisión de 24 a 48 meses y multas para quienes, mediante medios ilícitos, obstaculicen vías públicas afectando la vida, salud, seguridad alimentaria, medio ambiente o derecho al trabajo.
- Daños a bienes públicos o privados: destruir o deteriorar propiedades durante una protesta es una conducta delictiva. Por ejemplo, la influencer ‘Epa Colombia’ fue condenada a más de cinco años de prisión por actos de vandalismo cometidos durante las protestas de 2019.
- Violencia contra personas: agredir a miembros de la fuerza pública o a otros ciudadanos durante una manifestación es un delito que puede acarrear penas de prisión.
- Alteración del orden público: actos de violencia o intimidación que generen caos y pongan en riesgo la seguridad ciudadana.
- Perturbación de servicios públicos: impedir el funcionamiento de servicios esenciales, como el transporte público, puede ser considerado un delito. El artículo 45 de la Ley 1453 de 2011 señala penas de prisión de 4 a 8 años y multas para quienes imposibiliten la circulación o dañen medios de transporte público.
- Hurtos o saqueos: apropiación ilegal de bienes de terceros en el contexto de disturbios.
- Homicidio o tentativa de homicidio: ataques con resultado de muerte o intento de causar daño letal.
- Resistencia a la autoridad: negarse de manera violenta a acatar órdenes legítimas de las autoridades.
- Difusión de noticias falsas: propagar información falsa para generar pánico o incitar a la violencia.
- Ataques cibernéticos: interferir con sistemas de información gubernamentales o privados.
Aprenda más sobre: ¿Cuáles son las penas por los delitos más comunes en Colombia?
Categorías de delitos relacionados con protestas
Delitos contra el orden público
Comprenden aquellas conductas que afectan la normalidad de la vida en sociedad. Entre ellas se encuentran la obstrucción de vías públicas, que impide el tránsito de personas y vehículos, y la perturbación de servicios públicos, cuando la protesta interrumpe el suministro de agua, electricidad o transporte. También incluyen la alteración del orden público, manifestada en disturbios o actos de violencia que generan caos y ponen en peligro la seguridad ciudadana.
Delitos contra el patrimonio
Engloban las afectaciones a bienes públicos o privados durante una protesta. Estas conductas incluyen el daño en bien ajeno, cuando se destruyen o deterioran infraestructuras, mobiliario urbano o propiedades particulares. Asimismo, el hurto o saqueo ocurre cuando, aprovechando el desorden, se sustraen bienes de establecimientos comerciales o entidades. En algunos casos, los actos vandálicos pueden derivar en incendios o ataques contra infraestructuras estratégicas.
Delitos contra la integridad personal
Protestar es delito cuando se incurre en acciones que afectan la salud o la vida de las personas involucradas. Dentro de esta categoría se encuentran las agresiones físicas a manifestantes, autoridades o transeúntes, que pueden generar lesiones de diversa gravedad. También se incluyen los hechos de homicidio o tentativa de homicidio, cuando la violencia escala hasta el uso de armas o ataques letales. Dependiendo de la intención y el contexto, estos actos pueden agravar la situación jurídica de los responsables.
Delitos contra la autoridad y la administración pública
Involucran acciones dirigidas contra funcionarios o instituciones del Estado en el contexto de una manifestación. La violencia contra servidor público ocurre cuando se agrede físicamente a miembros de la fuerza pública o autoridades en el ejercicio de sus funciones. La resistencia a la autoridad se configura cuando hay una oposición violenta al cumplimiento de órdenes legítimas. Asimismo, la usurpación de funciones se presenta cuando un manifestante se hace pasar por autoridad o interfiere indebidamente en el cumplimiento de la ley.
Delitos informáticos y de desinformación
En el ámbito digital, algunas acciones vinculadas a la protesta pueden constituir delitos. La difusión de noticias falsas con la intención de manipular la opinión pública o incitar a la violencia puede generar consecuencias penales. Además, los ataques cibernéticos dirigidos a sistemas gubernamentales o privados, con el propósito de bloquear servicios o robar información, pueden ser sancionados legalmente. En un contexto de manifestaciones, el uso indebido de la tecnología puede amplificar los efectos del desorden y dificultar la respuesta de las autoridades.
Sanciones aplicables a delitos cometidos durante protestas
Las penas por delitos relacionados con protestas varían según la gravedad de la conducta:
- Obstrucción de vías públicas: prisión de 24 a 48 meses y multas de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Perturbación de servicios de transporte público: prisión de 4 a 8 años y multas de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Daños a bienes: las penas pueden variar según el valor de los daños y si se consideran agravantes, como el uso de medios violentos.
- Agresiones a personas: las sanciones dependen de la gravedad de las lesiones causadas y pueden incluir penas de prisión significativas.
- Delitos informáticos: pueden acarrear penas de prisión de 3 a 10 años, dependiendo del daño causado y si afecta infraestructuras críticas.
- Delitos contra la autoridad: pueden ser castigados con penas de 2 a 5 años de prisión, agravándose si conlleva abuso de poder o engaño.
¿Es necesario solicitar permiso para realizar una protesta en Colombia?
No se requiere un permiso, pero es obligatorio informar por escrito a la autoridad administrativa local con al menos 48 horas de anticipación, indicando el día, hora y lugar de la manifestación.
El derecho a la protesta es esencial en una sociedad democrática, pero debe ejercerse de manera responsable y dentro del marco legal. Cuando una manifestación pacífica degenera en actos que afectan el orden público o los derechos de otros, protestar es delito. Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones al participar en protestas para evitar consecuencias legales.
¿Necesita asesoría legal en casos relacionados con protestas?
Si usted o alguien que conoce enfrenta situaciones legales derivadas de su participación en protestas, es crucial contar con la orientación de un abogado penalista experto como Andrés Jaramillo; con más de 20 años de experiencia, le ofreceré la asesoría, el compromiso y el rigor profesional para defender sus derechos. ¡Hablemos!